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14 febrero, 2019
14 Feb 2019

El Tribunal Supremo no suspenderá el juicio aunque haya elecciones generales porque ya está en marcha| Lefebvre – El Derecho

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) –

El juicio a los líderes del procés continuará invariablemente en el Tribunal Supremo aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disuelva las Cámaras y convoque elecciones generales en una fecha que coincida con la celebración de la vista, ya que los magistrados de la Sala de lo Penal descartan que la campaña y los comicios sean un motivo de suspensión del orden de sesiones que ha sido ya programado y que está en marcha.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, esta posibilidad no está sobre la mesa del tribunal como tampoco lo está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su capítulo quinto regula las causas de suspensión de un juicio oral, como una enfermedad, la ausencia de un testigo esencial o la necesidad de practicar diligencias, y no recoge como tal la convocatoria de elecciones.

No obstante, se trata de un poder con el que cuenta cualquier tribunal, que puede motivar la suspensión de un juicio oral y acordarla. De hecho, es práctica habitual que los jueces se abstengan de tomar decisiones que puedan incidir en campaña electoral, como una citación a un político o una sentencia sobre un partido, y esperen a pronunciarse una vez la ciudadanía ha votado.

Es por este motivo que tras el fracaso en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado y el anuncio del Gobierno de que este mismo viernes concretaría cuándo tiene previsto llamar a las urnas, distintas voces han planteado las consecuencias que tendría el juicio sobre los comicios y viceversa, considerando razonable estudiar la posibilidad de suspender las sesiones, al menos, durante los 15 días que dura oficialmente la campaña.

Sin embargo, las fuentes consultadas por Europa Press indican que esta opción no está ni ha estado en ningún momento sobre la mesa porque el calendario del juicio está acordado ya y tiene sus propios tiempos, al margen del devenir de la política nacional. Plantean, además, que influiría más sobre la campaña una suspensión del juicio con motivo de los comicios que que mantener los señalamientos tal cual están.

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14 febrero, 2019
14 Feb 2019

El Supremo rechaza anular el Pleno que rectificó el giro jurisprudencial sobre el impuesto de las hipotecas

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) –

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado este lunes los recursos que había presentado el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (Madrid) solicitando que se anulara el Pleno que falló el pasado mes de noviembre que fueran los clientes quienes asumieran el pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, conocido como el impuesto sobre las hipotecas.

Según han informado fuentes jurídicas, estos recursos de la empresa de la vivienda de Rivas han obligado a reunir de nuevo a toda la Sala en Pleno. Tras estudiar los razonamientos, los magistrados han decidido desestimarlos y, de momento, sólo ha adelantado el fallo; expondrán sus argumentos jurídicos en un auto que se publicará próximamente.

La petición de nulidad presentada por el Ayuntamiento era un paso obligado si esta parte pretende llevar después ante el Tribunal Constitucional la resolución del Supremo sobre el impuesto de hipotecas al considerar que se vulneraron las garantías procesales. Los recursos apuntaban como posible ilegalidad que no se informara a las partes de la convocatoria del Pleno que fijó finalmente la posición final sobre el asunto.

El Pleno cuestionado, totalmente fracturado –15 votos frente a 13–, falló el pasado 6 de noviembre tras 16 horas de deliberaciones que fueran los clientes quienes hicieran frente pago del impuesto. Días después, el Gobierno de Pedro Sánchez reguló vía decreto en sentido contrario.

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13 febrero, 2019
13 Feb 2019

Fiscal denuncia que se quiera sentar al Estado en el banquillo cuando el juicio es en defensa de la democracia

Acusa a las defensas de usar “libelos acusatorios” para “transformar en víctimas a quienes han fracturado el orden constitucional”

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) –

El fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza ha comenzado su exposición en la segunda jornada del juicio contra el ‘procés’ haciendo un firme alegato en defensa del alto tribunal frente a los argumentos de las defensas de los doce independentistas que están siendo juzgados, asegurando que “parecen auténticos libelos acusatorios basados en una versión distorsionada de la realidad”, dirigidos a desprestigiar a la justicia española y, por ende, a “cuestionar la calidad democrática de nuestro estado de derecho” e intentando “sentar al Estado en el banquillo” de los acusados.

Así, ha defendido que éste “es un juicio en defensa de la democracia” y de la Constitución “que garantiza los derechos de todos los que formamos parte de este país”.

Zaragoza, uno de los fiscales presentes en la vista junto a su compañero Fidel Cadena, ha realizado estas consideraciones antes de argumentar su impugnación a todas y cada una de las cuestiones previas expuestas ayer por los abogados de los encausados, que jugaban así su última carta para conseguir la nulidad del procedimiento, consistentes en denunciar vulneraciones de derechos fundamentales durante la instrucción del proceso.

SE PRESENTAN COMO VICTIMAS

A juicio del fiscal, las defensas utilizaron este trámite legal de cuestiones previas para “transformar en víctimas a quienes han fracturado el orden constitucional y sentar en el banquillo al Estado”, que en este asunto no ha hecho más que “restaurar el orden político mediante el único instrumento en una sociedad democrática, que es la aplicación de la Ley”.

“Unos días atrás la editorial de un medio decía que no se juzga a dirigentes que reclamaban libertades, sino a dirigentes que querían arrebatarlas”, y en este sentido ha subrayado que cuando se pretenden ejercer derechos políticos al margen de la Ley “no solo no hay lesión de esos derechos, sino que se vulneran los derechos del resto de los ciudadanos”.

En este punto ha aludido a “esa mayoría social silenciosa de Cataluña, un 60 por ciento del censo electoral, que no participo en el referéndum ilegal del 1-O, así como al ataque a la soberanía nacional que reside en la totalidad del pueblo español.

El representante del Ministerio Público ha centrado gran parte de su intervención, que ha durado algo más de una hora, en tratar de contrarrestar todas las argumentaciones que presentaron ayer las defensas de los encausados, pero haciendo especial hincapié en las expuestas por los abogados del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y de los conocidos como los ‘Jordis’.

NO SE JUZGA AL INDEPENDENTISMO, SINO HECHOS

“No es cierto, no es el independentismo lo que se juzga, no es al proyecto político, sino los gravísimos hechos que acaecieron en los meses de septiembre y de octubre”, ha insistido en varias ocasiones. Para ello ha recuperado el auto de procesamiento del juez Llarena que decía que los independentistas “no defendieron” su idea “por la vía pacífica” y a través de los cauces constitucionales, “sino por una reiterada desobediencia” e intentando impedir la función de los agentes policiales.

Así, el fiscal ha reprochado que las defensas hayan basado sus escritos de defensa en una “falacia que debe ser proclamada a los cuatro vientos”. “No existe el derecho a la autodeterminación ni en España ni en resto de países a nuestro alrededor”, ha subrayado y recordado que tanto en la región italiana de Véneto como en la alemana de Baviera se negó la posibilidad de convocar un referéndum y lo acataron “como es obligado en una democracia”.

Así, entre otras de las mentiras que, según el fiscal, se han vertido por parte de las defensas, ha lamentado que se diga que los promotores de la secesión hayan sido perseguidos desde el principio, cuando “llevan años proclamando el proyecto independentista, realizando manifestaciones multitudinarias” y nadie ha sido detenido hasta que “han pasado los límites establecidos para los derechos políticos fundamentales reconocidos en nuestra constitución”.

Zaragoza, que se ha expresado en tono directo para rebatir las cuestiones previas de los abogados de los 12 líderes independentistas, ha llegado a elevar el volumen cuando ha hecho referencia a una de las manifestaciones que hizo el abogado de Junqueras y del exconseller Raül Romeva, Andreu van den Eynde, que aseguró que todos los derechos fundamentales, incluso la libertad de culto, han sido vulnerado. “No hay más que ver la causa para saber que no se ha registrado ninguna casa ni se ha intervenido ningún teléfono”, de los investigados en el Tribunal Supremo, ha asegurado.

MOVILIZAR CIUDADANOS COMO “MUROS HUMANOS”

La defensa de la actuación de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad durante la jornada del 1-O también ha sido objeto en el discurso del fiscal. En este sentido, ha afeado a la defensa de Jordi Cuixart que haya comparado “el uso legítimo y proporcional” de los agentes policiales con “torturas”.

“Es un disparate jurídico de dimensiones importantes”, ha dicho, máxime cuando fueron los líderes independentistas los que “movilizaron a miles de ciudadanos como muros humanos e impidieron la legítima función policial”, que trataban de dar cumplimiento a un mandato judicial de impedir el referéndum declarado ilegal. Ha añadido que en esa jornada tan sólo hubo dos heridos graves, pese a las cifras que dio la Generalitat de Cataluña.

Con todo ello, el fiscal del Supremo ha apuntado ante el tribunal que preside Manuel Marchena que la acción política “no justifica desobedecer de forma reiterada, sistemática y contumaz el orden constitucional”, ni tampoco “convocar miles de ciudadanos para retener y tener secuestrada prácticamente a una comisión judicial” con el pretexto de que era un “ataque a Cataluña”. “El diálogo desde la imposición no es aceptable en una sociedad democrática”, ha dicho contundentemente.

Tras esto, Zaragoza ha comenzado a contestar a cada una de la impugnaciones del Ministerio Público a todas las cuestiones previas expuestas ayer por la doce defensas y ha defendido igualmente la competencia del Supremo y de los otros órganos judiciales que investigan hechos vinculados al ‘procés’, como la imparcialidad e independencia de los siete magistrados del Supremo que juzgan este asunto y la del juez instructor, Pablo Llarena.

Al respecto, ha recordado que las recusaciones a todos estos magistrados han sido resueltas por la denominada sala especial del 61, por lo que ya no tiene cabida volver a esta cuestión. En cuanto al juez que llevó a cabo la investigación de los hechos que ahora están siendo enjuiciados, y que las defensas critican que se siente “víctima” al escribir en dos resoluciones la primera persona del plural,el fiscal ha sido rotundo: “Son expresiones sacadas de contexto y lo único que quiere decir es que en la investigación se habían acreditado unas actuaciones de ilegalidad”.

CRÍTICA AL TRIBUNAL ALEMÁN

Durante la hora que ha durado la exposición, Zaragoza ha criticado la “doble intromisión” del tribunal alemán que decidió no entregar a Carles Puigdemont por el delito de rebelión. “Ha incumplido la ley sobre aplicación de la orden europea de detención” porque “creyó que podría enjuiciar los hechos”, ha agregado.

Zaragoza ha concluido su intervención enfatizando que “no parece de recibo culpar al Estado de una supuesta falta de voluntad de diálogo como factor desencadenante o que aboca a ese factor de quiebra del orden constitucional y a esa secesión consumada que fue revertida por el Estado”.

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12 febrero, 2019
12 Feb 2019

La web del CGPJ se cae en plena retransmisión del juicio por un hackeo

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) –

La web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) poderjudicial.es ha dejado de prestar servicio en plena retransmisión en directo del inicio de la primera sesión del juicio a los líderes independentistas catalanes por el ‘procés’, aunque la emisión se ha restablecido a las 11:00 horas . La causa es un ataque informático.

Según informan fuentes de este organismo, la transmisión en streaming de la vista oral a través de www.poderjudicial.es ha sufrido incidencias al inicio de la sesión “a causa del envío de peticiones ‘maliciosas’, más de 40 por segundo, que han llegado a saturar puntualmente la infraestructura”.

Las mismas fuentes explican que el problema ha quedado solucionado antes de las 11:00 horas y la transmisión se desarrolla desde ese momento con normalidad.

Esta página proporciona en abierto vía streaming las sesiones del juicio que han arrancado este martes en el Tribunal Supremo para garantizar el acceso a cuanto acontezca dentro de la sala tanto a nivel nacional como internacional.

Sin embargo, 45 minutos después de empezado el juicio, la web devolvía un mensaje de error que impedía al internauta el acceso, por ese ataque informático que habría sobre saturado la página de contenido impidiendo su normal funcionamiento.

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11 febrero, 2019
11 Feb 2019

Delgado explicará el día 20 a jueces y ficales la distribución de los 7 millones de euros para retribuciones variables

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) –

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, explicará la próxima semana a las asociaciones de jueces y fiscales las medidas que el Ministerio está poniendo en marcha para mejorar las condiciones laborales de ambos colectivos y les informará de la distribución de siete millones de euros previstos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en materia de retribuciones variables.

La titular de Justicia se reunirá el próximo día 20 con las asociaciones de jueces y fiscales, que han protagonizado varias protestas para reclamar mejoras laborales, para explicarles en personas las nuevas actuaciones impulsadas por el Ministerio para avanzar en la mejora de sus condiciones laborales y retributivas.

Entre estas novedades, el Ministerio ya se había comprometido a aplicar mejoras retributivas para jueces y fiscales mediante nuevas retribuciones variables a través del complemento de productividad. Así, en el encuentro, Delgado detallará más en profundidad la distribución de los siete millones de euros en este concepto que recogen los PGE mediante una enmienda al proyecto de ley, como venían reivindicando las asociaciones.

Esta medida se suma a la ya anunciada el pasado mes de diciembre para abonar otros 1,3 millones en 2019 en concepto de mejoras salariales de los profesionales de ambas carreras que prestan servicio en los partidos judiciales de menor población.

Además, en el encuentro se expondrá la propuesta de reforma del Real Decreto 431/2004, de 12 de marzo, a fin de que las retribuciones de los jueces y fiscales en funciones de sustitución en otros órganos judiciales alcancen el 100% del complemento de destino.

Finalmente, está previsto que se informe asimismo de la constitución de sendos grupos de trabajo en materia de guardias y para una eventual modificación de los grupos de población.

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7 febrero, 2019
07 Feb 2019

Justicia convoca para el 6 de abril el primer examen de 2019 de acceso a la abogacía.

El Ministerio de Justicia ha convocado para el próximo día 6 de abril la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de abogado correspondiente a la primera convocatoria de 2019. La orden de convocatoria de la prueba se publicó el pasado 29 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado, apenas 14 días después de celebrarse el segundo examen de 2018. Según lo establecido en el Reglamento de Acceso a la Abogacía y a la Procura, deben transcurrir un mínimo de tres meses entre la convocatoria y la celebración de la prueba, por lo que el primer examen de 2019, pese a la celeridad con la que se ha convocado, difícilmente podría celebrarse antes del mes de abril.

 

Esta fecha no ha podido comunicarse hasta el día de hoy puesto que era imprescindible, con carácter previo a su anuncio, avanzar en la resolución de la prueba de acceso celebrada en diciembre, así como en algunos aspectos organizativos de la próxima convocatoria. Actualmente se está cerrando la lista de admitidos provisionales al examen del 6 de abril. Se estima que la cifra de aspirantes superará los 6.000, en función de la cual se determinará el número de sedes y su distribución geográfica

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6 febrero, 2019
06 Feb 2019

El TS revisará el lunes 11 la legalidad del Pleno que rectificó el giro jurisprudencial sobre el impuesto de hipotecas

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) –

La Sala de lo Contencioso-Administratico del Tribunal Supremo se reunirá el próximo lunes, 11 de febrero, para estudiar el recurso por el que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (Madrid) solicita que se anul el Pleno de esta sala que falló el pasado mes de noviembre que fueran los clientes quienes asumieran el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados –impuesto sobre hipotecas-, revertiendo el sentido de las sentencias que apenas tres semanas antes una de sus secciones había dictado en sentido contrario.

La petición de la empresa de la vivienda de Rivas -cuyos recursos propiciaron tanto el giro jurisprudencial como la posterior rectificación- fue admitida a trámite el pasado 10 de enero y ello obliga a reunir nuevamente a todos los magistrados de la Sala en Pleno para revisar el asunto, han informado a Europa Press en fuentes jurídicas.

La petición de nulidad por la empresa municipal es algo obligado si esta parte pretende llevar lo ocurrido ante el Tribunal Constitucional por considerar que se vulneraron las garantías procesales. El recurso apunta como posible ilegalidad que no se informara a las partes de la convocatoria del Pleno que fijó finalmente la posición final sobre el asunto.

El Pleno cuestionado, totalmente fracturado -15 votos frente a 13- falló el pasado 6 de noviembre tras 16 horas de deliberaciones que fueran los clientes quienes hicieran frente pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados –impuesto sobre hipotecas-. Días después, el Gobierno reguló vía Real Decreto en sentido contrario.

UN ASUNTO POLÉMICO

La celebración del Pleno del pasado noviembre fue polémica desde su origen, puesto que las tres sentencias dictadas inicialmente por los magistrados de la Sección Segunda de esta Sala de lo Contencioso, que es la especialista en tributos, eran firmes.

Por ello alguno magistrados del propio Supremo y también desde diversos ámbitos judiciales cuestionaron la decisión del presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, de avocar a un cónclave de 28 magistrados otros tres recursos idénticos sobre este asunto interpuestos por el mismo recurrente.

El alboroto mediático y social que causó la decisión de Díez-Picazo obligó incluso al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, a comparecer ante los medios de comunicación par pedir perdón por la gestión del asunto dada la importancia y repercusiones sociales y económicas de la decisión. También negó que hubiera recibido llamadas de entidades bancarias para forzar dicha revisión.

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5 febrero, 2019
05 Feb 2019

El TSJC ve una “gravísima irresponsabilidad” que un fiscal cuestione la imparcialidad de jueces

Afirma que el ministerio público “no puede ceder a la demagogia, a la banalidad o a la ofensa”

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) –

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha tachado este martes de “gravísima irresponsabilidad” que el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira haya dudado de la imparcialidad de jueces catalanes si la causa por rebelión y sedición contra los exjefes de los Mossos d’Esquadra se envía a Catalunya.

En un acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJC adoptado la tarde de este martes –con ausencia de su presidente Jesús María Barrientos– y recogido por Europa Press, el órgano judicial ha considerado que, en sus alegaciones, Rubira “cuestionaba, textualmente y sin ambages, la imparcialidad de los jueces y juezas que desempeñan su función en Catalunya”.

Y ha declarado que sus afirmaciones “suponen un ataque muy grave y sin justificación alguna al Poder Judicial en su conjunto y, con ello, al propio sistema constitucional”.

“Cuestionar por un miembro del Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal, la imparcialidad de los jueces y juezas que ejercen en Catalunya, constituye una gravísima irresponsabilidad de quien tiene, precisamente, por mandato constitucional y estatutario el deber de proteger el ejercicio independiente e imparcial de la jurisdicción”, ha insistido el TSJC.

Y ha añadido: “El Ministerio Fiscal por el rol que ocupa en el proceso y por la alta función que la Constitución le encomienda, no puede ceder a la demagogia, a la banalidad o a la ofensa para la defensa de los intereses públicos que representa”.

Ha terminado reafirmando que los jueces catalanes siempre actuarán en cumplimiento de sus deberes constitucionales, “entre los cuales la imparcialidad ocupa un ligar muy destacado”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha aclarado la tarde de este martes en un comunicado que “en ningún caso duda de la profesionalidad de los magistrados que ejercen sus funciones en Catalunya y en el resto del territorio nacional” y ha manifestado su confianza en la independencia de jueces y tribunales catalanes, así como la imparcialidad de cada juez en cada caso que se somete a su jurisdicción.

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4 febrero, 2019
04 Feb 2019

EL CGPJ recomienda que solo los jueces puedan ser magistrados de enlace

Considera que Justicia debe quedarse al margen en la designación de los representantes españoles en órganos internacionales

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) –

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que solo los jueces pueden ser magistrados de enlace, tal y como pretende regular el Ministerio de Justicia, y plantea eliminar el margen de discrecionalidad del Gobierno en la designación de los miembros de organismos internacionales como el Consejo Consultivo de Jueces Europeos o La Haya.

Así lo ha dicho en el informe al proyecto del Real Decreto por el que regula el régimen jurídico del personal del Ministerio de Justicia que lleva a cabo la acción en el exterior, que ha sido aprobado este jueves con el voto unánime de los vocales.

Se trata de un proyecto de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que busca mejorar la imagen de la Justicia en el extranjero. Para ello, pretender aumentar el número de jueces en otros países y regular los requisitos a cumplir por los candidatos, como que los aspirantes pertenezcan a la carrera judicial y tengan conocimientos del idioma del país al que sean destinados.

El informe del órgano de gobierno de los jueces valora de forma positiva que se reserve estos puestos clave en materia de cooperación judicial internacional a los miembros de la carrera judicial o fiscal que superen el proceso de selección.

MÁS JUECES ESPAÑOLES EN MÁS PAÍSES

Además, este dictamen subraya la conveniencia de extender el número de magistraturas de enlace a un mayor número de países de la Unión Europea, así como a países de Iberoamérica. En la actualidad, solo hay jueces españoles de enlace en Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos o Marruecos.

No obstante, según ha informado el CGPJ en un comunicado, plantea que sería preferible limitar el acceso a los jueces y magistrados, “tanto por el diseño del sistema procesal en España como por ser la independencia judicial una de las características que definen el Poder Judicial”.

Asimismo, ve un “acierto” que el proyecto prevea la integración en la Comisión de Selección de un representante del órgano de gobierno de los jueces y otro de la Fiscalía General del Estado, pues su presencia en dicha Comisión “redunda en una mayor objetividad en la valoración de los méritos de los candidatos”.

VALORACIÓN DE LOS CANDIDATOS

En el mismo sentido opina sobre el informe previo que el CGPJ, entre otras instituciones, deberá hacer sobre los candidatos de extracción judicial para adjuntarlo a la propuesta. Pero hace hincapié en que esta valoración debería concebirse en “términos amplios”, dada la procedencia judicial de los aspirantes.

En cuanto a las valoraciones de candidatos de extracción judicial, el CGPJ también cree que le corresponde el examen del cumplimiento de los requisitos y la apreciación de los méritos de los aspirantes a ser designados como representantes de España en organismos internacionales de naturaleza consultiva (Consejo Consultivo de Jueces Europeos)o como enlaces judiciales ante organismos como La Haya, “sin perjuicio de la ulterior formalización del nombramiento” por el Ministerio de Justicia.

Es decir, entiende que el Ministerio debe quedarse al margen del nombramiento de los integrantes de estos órganos porque podría perturbar la independencia de los aspirantes procedentes de la carrera judicial o fiscal, dado que permanecen en activo mientras desempeñan el cargo para el que han sido designados.

El órgano de gobierno de los jueces explica que la regulación contenida en el proyecto “excede” de lo previsto en la Ley 16/2015, que regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior.

“Debe tenerse en cuenta que la garantía de la independencia judicial exige que el margen de discrecionalidad por parte del Gobierno a la hora de designar a un juez en activo para una función ajena a la jurisdiccional sea prácticamente nulo, pues de otro modo siempre cabe el riesgo de que la capacidad de elección pueda arrojar una sombra de duda sobre la preservación de la incólume independencia de los titulares de la jurisdicción”, dice textualmente el documento del CGPJ.

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